Wednesday, April 26, 2017
La comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados iniciará el debate del proyecto de ley que impone severas sanciones a la corrupción empresaria contra la Administración Pública, cuya aprobación fue solicitada por el presidente Mauricio Macri en la inauguración de apertura de las sesiones ordinarias.
Pública, cuya aprobación fue solicitada por el presidente Mauricio Macri en la inauguración de apertura de las sesiones ordinarias.

La intención del interbloque Cambiemos, que conduce el radical Mario Negri, es definir el cronograma de reuniones informativas que se prolongará varias semanas, en las que expondrán la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, empresarios y jueces, entre otros.
Por ese motivo, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, la radical jujeña Gabriela Burgos, citó a las 15 a una reunión en la que, además de abrir el debate de este proyecto, se tratará otro conjunto de proyectos vinculados con el agravamiento de penas en caso de que las víctima de delitos sean docentes, médicos, adultos mayores o menores.

Además, en forma paralela a estas audiencias, el oficialismo buscará articular consensos con el massismo y el bloque justicialismo para conformar las mayorías que permitan entre abril y mayo sancionar esta iniciativa, que es clave para que la Argentina pueda ingresar en la Organización de Desarrollo Económico (OCED), informaron fuentes parlamentarias.

Alonso expondrá sobre esta iniciativa esta semana, cuando participe de la reunión en París de la Ocde, el organismo al que la Argentina aún no pudo ingresar porque -entre otras razones- pese ser uno de los 41 firmantes de la Convención Antisoborno, no tiene una ley que penalice la corrupción empresaria.

Hasta acá, la Argentina no tiene una ley que condene a una empresa por los delitos de corrupción contra el erario público, ya que hasta ahora la sanción solo se puede aplicar al responsable de la firma, pero esto no implica que esa firma deba interrumpir su actividad.

Por esa razón, la Oficina Anticorrupción envió en octubre un proyecto de ley para incorporar un artículo en el Código Penal que
contemple penas a las empresas vinculadas a delitos de cohecho (coimas), tráfico de influencias y negociaciones incompatibles.

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