El juez federal Claudio Bonadio citó a indagatoria a Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, quienes ocuparon el cargo de jefe de gabinete de ministros durante los últimos años del kirchnerismo. Los tres ex funcionarios tendrán que dar explicaciones en una causa judicial en la que se investigan irregularidades en el reparto de fondos del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) entre los años 2013 y 2015.

En la causa se detectó un giro de fondos realizando a través de la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable -que dependía de Jefatura de Gabinete- por la suma de 590 millones de pesos para que municipios realizaran diferentes obras relacionadas con el tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

En el expediente, iniciado luego de una auditoría realizada por la gestión macrista del ministerio de Ambiente y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), se determinó que hubo municipios que recibieron los fondos y jamás hicieron las obras destinadas a la gestión de residuos o utilizaron el dinero para otras cosas.

En la causa se determinó que la provincia del Chaco-el pago chico de Capitanich – fue la jurisdicción más beneficiada por ese programa. Según fuentes judiciales las transferencias a municipios de esa provincia alcanzaron los 173 millones de pesos.Chaco-según las fuentes- es una provincia que genera apenas el 0,81% de los RSU a nivel nacional. Buena parte de los proyectos de los municipios chaqueños tiene el mismo objetivo y se les asignó el mismo monto independientemente de los habitantes de cada localidad.

Por ejemplo, en la localidad de Santa Sylvina primero solicitó dinero para que el reciclado de residuos patológicos –que no entraba en el programa – y luego acordó realizar un relleno sanitario, tareas sanitarias y una campaña de concientización por un total de 3,5 millones de pesos pero finalmente con el dinero recibido compró un camión, un tractor y diez contenedores.

En Pampa del Infierno se acordó la construcción de la Planta de RSU, el saneamiento de un basural, la construcción de una celda de disposición de residuos y con los 3,5 millones de pesos recibidos, se compró un camión, un semirremolque. La planta no se construyó y según fuentes judiciales, el basural aún pervive.

La auditoría reveló que no existió “un mapa crítico que permitiera disponer de información fundada sobre las municipalidades más vulnerables o con mayores problemas en la gestión de residuos”. Y que tanto la Ciudad de Buenos Aires como municipios de Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego pidieron fondos pero no les enviaron nada. “Sólo cuatro jurisdicciones, Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja obtuvieron el 79 % de los fondos, circunstancia que se agravó porque tres de ellas generaban un pequeño porcentaje (1,8%) de residuos a nivel nacional”.

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