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Procesaron a Aníbal Fernández y Jorge Capitanich por el manejo de un programa de tratamiento de residuos

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Claudio Bonadio dictó el procesamiento de los dos ex jefes de Gabinete por irregularidades en el manejo de fondos destinados a los Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) entre 2013 y 2015. Falta de mérito para Abal Medina

El juez Claudio Bonadio procesó a Aníbal Fernández y Jorge Capitanich por el delito de administración infiel y también a ex funcionarios de cargos menores, los ex secretarios de Ambiente Juan José Mussi, Sergio Lorusso y Omar Judis. Los procesamientos firmados por el juez alcanzan el número de 14. En tanto, dictó la falta de mérito para Juan Manuel Abal Medina.

Los dos ex funcionarios de los últimos años del kirchnerismo deberán comparecer sobre la causa judicial que investiga irregularidades en el reparto de fondos del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) entre los años 2013 y 2015.

El caso se inició a partir de una auditoría de las nuevas autoridades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre el programa que tenía la misión de financiar proyectos en diversos municipios para mejorar la gestión de residuos sólidos. Los fondos provenientes del estado nacional se giraron a los municipios que lo solicitaron mediante un proyecto que debían presentar los intendentes.

En el expediente se determinó que hubo municipios que recibieron los fondos y jamás hicieron las obras destinadas a la gestión de residuos o utilizaron el dinero para otras cuestiones.

Según fuentes judiciales, los lineamientos generales del programa establecían que se girarían fondos destinados a:

-Elaboración y desarrollo de Planes Integrales de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.

-Montaje de plantas de separación y reciclaje de residuos sólidos urbanos y la compra de equipamiento complementario.

-Compra de vehículos destinados a la recolección de residuos y maquinaria asociada.

Ejecución de proyectos para la eliminación de basurales a cielo abierto.

-Construcción de rellenos sanitarios o la ampliación de los ya existentes.

-Desarrollo y ejecución de programas de gestión y capacitación en materia de residuos.

Una vez aprobados los trámites administrativos se firmaba un convenio entre la secretaría de Ambiente y los municipios. Estos últimos debían rendir cuentas de lo hecho. Se solicitaron fondos para 634 proyectos pero solo se aprobaron 212 que fueron financiados con partidas que envió la Jefatura de Gabinete. Entre 2013 y 2015 se repartieron 604 millones de pesos.

Durante la investigación se detectó que la Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego, no recibieron asignaciones. En cambio municipios de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja, obtuvieron el 79% de los fondos asignados por el programa. Tanto Chaco, como Santa Cruz y La Rioja generaban un mínimo porcentaje de residuos a nivel nacional.

De 121 proyectos relevados -por el Ministerio , el SIGEN y por el juzgado- se determinó que fueron cumplidos 22. Se hallaron 44 que fueron cumplidos parcialmente y 55 que directamente no se hicieron.

Algunas de las falencias observadas, según explicaron las fuentes judiciales, fueron:

-Carencia de un mapa crítico de las municipalidades más vulnerables o con mayores problemas de gestión de residuos sólidos.

-No se respetó el orden cronológico de recepción de los proyectos para el análisis de las presentaciones de los municipios.

-Incumplimiento de los requisitos exigidos por el programa.

-Falta de control interno en la ejecución de los proyectos: plazos de realización y rendición de cuentas vencidos.

También se detectó cierta preferencia por algunos municipios. Por ejemplo, durante la gestión de Capitanich, se financiaron 54 proyectos a la provincia del Chaco por más de 170 millones.

La capital de Santa Cruz, Río Gallegos, recibió dos transferencias. La primera por 25 millones de pesos para la realización del proyecto. Luego se le otorgó una ampliación por 34 millones de pesos. Según los investigadores, no mejoró el sistema de residuos y el proyecto resultó “inviable”.

La ciudad santacruceña de Las Heras recibió 8 millones de pesos para una obra que finalmente no se hizo.

El municipio de Puerto Rico, Misiones, recibió 2,7 millones de pesos para equipar una planta de tratamiento de residuos que según determinó la justicia, no existe.

En Pampa del Infierno, Chaco, recibieron 3,5 millones de pesos para hacer una planta y sanear el basural. Con ese dinero se compró un camión y un semirremolque, no se hizo la planta y el basural todavía existe.

La municipalidad chaqueña de Santa Sylvina pidió dinero para el reciclado de residuos patológicos -algo no incluido en el programa- pero luego se comprometió a realizar un relleno sanitario, otras tareas comunitarias, y una campaña de concientización. Recibió 3,5 millones de pesos y con lo recibido compró un camión, un tractor y diez contenedores.

infobae.-

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Milagro Sala fue condenada a cuatro años de prisión por el ataque a dirigentes sociales

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Se la acusó de haber sido la autora de un ataque a los dirigentes sociales Juan Carlos Maidana y Cristian Cesar Arias, alias «Luca», quien falleció en 2006

El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Jujuy condenó hoy por unanimidad a cuatro años de prisión a la dirigente social Milagro Sala, al hallarla culpable del delito de «lesiones graves» contra otros referentes sociales jujeños en 2006.

La líder de la Tupac Amaru fue condenada por los jueces Ana Carolina Pérez Rojas, Claudia Cecilia Sadir y Mario Puig. Se la acusó de ser la autora, junto a otras personas, de un ataque a los dirigentes sociales Juan Carlos Maidana y Cristian Cesar Arias, alias «Luca», en un hecho ocurrido en julio del 2006 en una oficina del primer piso del Ministerio de Infraestructura y Planeamiento.

Los fiscales de Cámara Marcelo Cuellar y Diego Cussel habían solicitado una pena de 5 años y 4 meses de prisión en la audiencia llevada a cabo la semana pasada.

Previo a escuchar la sentencia, Milagro Sala se puso de pie y dijo ante el jurado: «No porque me dicten más años de sentencia el gobernador (Gerardo Morales) va a solucionar el hambre que hay en la provincia. Están equivocados. No tengo nada que ocultar y no hice nada malo. Esta pesadilla en algún momento se tiene que terminar».

La periodista Sabrina Roth contó que Sala también expresó: «Creen que porque me dicten más años de condena van a resolver los problemas de pobreza, trabajo o educación que hay en Jujuy. Donde yo estoy ahora van a estar ellos», en referencia al banquillo de los acusados y también a los funcionarios que la dirigente social denunció.

En 2006, el dirigente de la Corriente del Pueblo César «Luca» Arias estuvo reunido con el ex ministro Cosentini para tratar temas relacionados con los beneficios sociales que otorgaba el estado nacional. Fue en ese marco cuando se produjo el encuentro con miembros de la Tupac Amaru que le propinaron una feroz golpiza a él y al otro dirigente social mencionado.

En la misma causa fue dictada la falta de mérito del entonces ministro de Infraestructura, Luis Cosentini. El procesamiento de Sala había sido dictado por el juez penal Pablo Pullen Llermanos en el marco de las investigaciones de la causa por agresiones contra Arias, que algunos meses después llevaría a la muerte del ex dirigente social.

La Cámara había confirmado el procesamiento de Milagro Sala por el delito «lesiones graves agravadas por el número de participantes». Según se denunció, Luis Cosentini se habría retirado del lugar sin solicitar ayuda ni denunciar a los agresores, quienes dejaron a sus víctimas muy mal heridos, debiendo ser hospitalizados.

INFOBAE.-

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Imputan a Berni y a Capitanich por incumplimiento de los deberes de funcionario público en 2013

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La fiscal federal N°3, Graciela López de Filoñuk, imputó a tres exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por la falta de asistencia a Córdoba durante el amotinamiento de policías en diciembre de 2013.

Fuentes judiciales confirmaron a La Voz que se promovió una acción penal por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público en contra del exsecretario de Seguridad, Sergio Berni; de la entonces ministra de esa cartera, Cecilia Rodríguez; y del exjefe de Gabinete, Jorge Milton Capitanich.

López de Filoñuk explicó que la imputación es “una promoción de acción penal” que llevó adelante la semana pasada a raíz de que los por entonces funcionarios nacionales “no habrían respondido a los llamados que hicieron en esos días tan aciagos desde el Gobierno de Córdoba”.

La instructora señaló además que las imputaciones se sostienen a partir de los testimonios “de los jefes policiales, los ministros, la exvicegobernadora y desgraciadamente me quedó pendiente el testimonio de De la Sota“, quien se encontraba de viaje cuando se desencadenó el acuartelamiento.

“Había hablado por teléfono y habíamos convenido la fecha el 18 de octubre. Hablamos un día antes del accidente (en el que murió el exgobernador). Él me dijo muchísimas cosa y me dijo que sí (declararía ante ella)”, afirmó la fiscal al programa Aquí Petete, por Mitre.

El juez federal N°3, Hugo Vaca Narvaja, ya receptó el requerimiento de instrucción de López de Filoñiuk y, en consecuencia, deberá llamar a indagatoria en Córdoba a los acusados.

EL ARRANQUE DE LA INVESTIGACIÓN

Hace un año, la fiscal abrió una investigación de oficio luego de que el actual legislador y exministro de Gobierno de Córdoba, Oscar González, declaró que el amotinamiento policial de fines de 2013 fue fogoneado supuestamente desde el Estado nacional.

“Intenté comunicarme con los funcionarios nacionales; nunca nadie me atendió el teléfono. Sólo conseguí hablar con secretarios. Recuerdo que el jefe de Gabinete era Jorge Capitanich; imposible intercambiar una palabra con él. Todo el día 3 estuve tratando de comunicarme”, dijo González durante el juicio por el acuartelamiento de 56 policías.

“Sergio Berni era una especie de Rambo del tercer mundo. Era el encargado de la seguridad, todos lo sabíamos. Intenté comunicarme con él y no lo conseguí. Intenté comunicarme con (FlorencioRandazzo, ministro del Interior, no fue posible. Sólo logré comunicarme con la casa Militar de la Casa Rosada: le transmitimos la situación, quedó que nos iban a llamar”, agregó en aquel juicio González.

Este miércoles, el abogado de los policías acuartelados, Miguel Ortiz Pellegrini, celebró en diálogo con Cadena 3 la imputación de los funcionarios. “Contribuye a la verdad y a no quedarnos en la anécdota: por acción y omisión, fundamentalmente, aquí hubo incumplimiento”, dijo.

En mayo de 2018, un total de 52 policías fueron condenados por abuso de autoridad en el marco del acuartelamiento de 2013, durante el cual hubo cientos de saqueos en la ciudad de Córdoba y un muerto.

EL PODER POLÍTICO ESTUVO EN VILO

El acuartelamiento de 48 horas de la Policía de Córdoba el 3 y el 4 de diciembre de 2013 generó una ola de saqueos en toda la ciudad, que puso en vilo al poder político provincial.

El reclamo de los policías sorprendió al entonces gobernador José Manuel de la Sota en el exterior. Había partido en la madrugada del 3 de diciembre, casi en el mismo momento que los policías comenzaron a dejar de prestar servicios.

Por eso, desde el Centro Cívico se dijo en aquel entonces que la huelga fue “organizada”, ya que arrancó en el mismo momento que el gobernador se ausentaba de la provincia.

Además de los daños económicos que generaron los saqueos en toda la Capital, la huelga policial produjo un fuerte sacudón político en la provincia, con connotaciones nacionales.

Luego de que los policías volvieron a trabajar, a los pocos días, el gobernador De la Sota produjo un profundo cambio en su gabinete, que terminó con el entonces jefe de Gabinete, Oscar González, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fuera del gobierno.

El amotinamiento también alimentó el enfrentamiento entre el Gobierno provincial y el kirchnerismo nacional. El propio exgobernador José Manuel de la Sota acusó al Gobierno nacional de haber demorado el envío de fuerzas federales, con el objetivo de perjudicar su gestión.

Fuente: La Voz

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La inflación del NEA de abril fue menor a la del mes anterior y alcanzó el 3,5%

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El conglomerado Noreste Argentino acostumbraba manifestar los índices más altos del país en lo que a inflación respecta.

Este mes se ubica tercero en el país. En marzo había registrado el 5,1%. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en abril el NEA presentó una variación de precios del 3,5%, mientras que la región Pampeana tuvo un 3,7%NOA 3,6%Patagonia 3,5%Cuyo 3,3% y Gran Buenos Aires 3,2%

En ese sentido, en el aglomerado que abarca Gran Resistencia, Corrientes, Formosa y Posadas, el índice que más aumentó es Restaurantes y hoteles, con un 6,1%, seguido por Equipamiento y mantenimiento del hogar con 5,1% y Educación, con 4,9%. Luego siguen Salud con 4,3%Prendas de vestir y calzados con 4,2% y Alimentos y bebidas no alcohólicas con 3,6%Comunicación presentó una variación del 3,3%Recreación y cultura 3,2% y Transporte el 3,1%.

Cierran la lista Otros bienes y servicios con el 2,1%Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles con el 1,6% y Bebidas alcohólicas y tabaco con el 0,9%

Cabe destacar que dentro del rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, los productos que más aumentaron fueron la leche, productos lácteos y huevos con un 9,4%, siendo la región donde mayor variación presentó. Ante estos números, el NEA acumula un 17,7% en lo que va del 2019, ubicándose así como el conglomerado con mayor inflación en lo que va del año siendo superior al acumulado de inflación nacional que alcanza el 15,6%. 

Además, la región también lidera el porcentaje de aumentos de precios interanuales, es decir respecto a abril del 2018, con un 58,9%, seguido por el NOA con el 56,7%.

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