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Gobierno anuncia el primer aumento trimestral de las jubilaciones: 5,71%

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El Ripte, que se conocerá esta semana, se basa en la variación de salarios y es el 30% de la movilidad previsional. Hasta ahora no era público cómo se calcula

La nueva movilidad previsional llevará al Gobierno a publicar la fórmula del Ripte, el índice que utiliza como base las variaciones de los salarios y explica el 30% de la nueva actualización de las jubilaciones, pese a que desde el inicio de la Reparación Histórica es el número que está extendiendo a cada vez más usos.

Esta semana el Ministerio de Trabajo publicará en el Boletín Oficial el informe metodológico como anexo II en la misma resolución que informará que el valor de la movilidad de los haberes en marzo será del 5,71%, como anexo I, indicaron a El Cronista fuentes oficiales. En tanto, ya estiman que por la alta inflación de diciembre, la actualización del segundo trimestre sumará unos dos puntos más, para rondar el 7,8%.

La Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) es un índice que se publica desde 2006 y fue incluido en la fórmula de movilidad previsional luego de que el Ejecutivo aceptara la propuesta de los senadores peronistas de modificar su idea original de mover las jubilaciones siguiendo solamente al IPC.

Se complementó al IPC con un indicador procíclico, que se mueve en base al ciclo económico, la inflación y las paritarias.

 

De acuerdo con lo que el Congreso aprobó en diciembre pasado, el 30% del índice de julio a septiembre (2,12 puntos porcentuales) junto con el 70% del IPC del mismo período (3,58 puntos) explican la movilidad que se aplicará en marzo próximo. En tanto, debido a la fuerte inflación a fines del año pasado, el IPC del último trimestre alcanzó un 6%, y aunque todavía no está publicado el Ripte de diciembre pasado, se estima que la movilidad estará cerca de 8%.

“Esta Secretaría de Seguridad Social continuará empleando la misma metodología que utilizaba previamente para determinar” la Ripte, indicará la resolución.

El Ripte se calcula desde 1994 en base a las declaraciones juradas que mensualmente los empleadores presentan ante la AFIP.La remuneración que se considera para determinar el Ripte es la que se utiliza como base de cálculo de los aportes al SIPA, cuyo tope es la base máxima imponible del artículo 9´ de la ley 24.241 (75 veces el Mopre). Por ello no se toman en cuenta aquellos puestos cuyas remuneraciones no están sujetas a ese tope, como son los regímenes especiales. Tampoco considera el régimen especial para el personal de casas particulares.

Para cada mes se consideran las declaraciones juradas del período y las 12 de los períodos previos según las siguientes condiciones: el puesto en relación de dependencia no debe tener aportes personales al SIPA nulos, lo que excluye a los exentos u obligados a otro régimen previsional; el trabajador debe estar declarado en los 13 períodos para ser considerado estable; el trabajador no debe presentar pluriempleo en esos períodos; la remuneración consignada no puede ser inferior a la base mínima imponible para aportes ni superior a la base máxima.

Con los casos seleccionados se realiza el cociente entre las remuneraciones y el total de los puestos del mes de la medición. Y a los resultados obtenidos se los divide en enero por 1,05, en junio por 1,5, en diciembre por 1,54 y el resto de los meses por 1. Estos coeficientes correctores se elaboraron para que los valores sean comparables entre sí, al deducir de la remuneración promedio el aguinaldo, el plus vacacional e incrementos debidos a la combinación de diversos factores.

Con uso extendido

En el Gobierno entienden que es necesario usar un índice con base salarial para ajustar los beneficios de la seguridad social.

 

De hecho lo ha ido institucionalizando para ser utilizado en diferentes actualizaciones desde la sanción de la ley 27.260 de Reparación Histórica, cuando instituyó el índice para actualizar los haberes y cancelar las deudas previsionales de quienes adhieren en forma voluntaria a la propuesta.

 

 

Incluso tiene que definir la Corte si avalará el uso del Ripte para actualizar los reajustes de los haberes para las sentencias judiciales en vez del ISBIC, como pide ANSeS en la causa del jubilado Di Mario.

 

 

Pero desde dicha sanción, en julio de 2016, el Estado no había publicado la metodología y no fue posible analizar ni controlar la elaboración del índice.

 

 

“Es el índice fundamental para hacer las liquidaciones. El Estado lo está institucionalizando, pero se tomó 16 meses para publicar la metodología”, dijo el abogado Federico Despoulis. “La gente quiere saber cómo se liquida su jubilación. De 2010 para atrás lo público era oscuro, no estaba este concepto de que lo público es de todos. Hoy la gente quiere ver la fórmula. Además se discutió mucho, al punto que se tuvo que dar un bono en marzo”, agregó.

EL CRONISTA.-

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Fernández-Cristina: Cinco gobernadores respaldan, varios candidatos del PJ no se suman

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La mayoría de los precandidatos presidenciales del peronismo no kirchnerista recibieron la noticia de la fórmula encabezada por Alberto Fernández con extrema sorpresa, aunque también con indiferencia: la consideraron una decisión de “otro frente político” y “descartan de plano” futuras alianzas, según el Diario La Nación.

Así lo manifestaron el exministro de Economía Roberto Lavagna, de Consenso 19, y los precandidatos de Alternativa Federal, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Pichetto. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que no será candidato presidencial, también descartó alianzas con Cristina.

Quedaron así enfrentados al otro postulante de Alternativa Federal, Sergio Massa, que propuso “una coalición opositora amplia” y cuyos allegados aventuran un diálogo de unificación con el kirchnerismo.

Algunos gobernadores del PJ, en cambio, celebraron la nueva fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Kirchner, y pidieron la unidad del PJ. Los gobernadores Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Juan Manzur (Tucumán), Sergio Casas (La Rioja) y Domingo Peppo (Chaco) celebraron la candidatura de Alberto Fernández y pidieron la unidad del PJ.

El entrerriano Gustavo Bordet, sin embargo, fue más prudente y prefirió esperar a las elecciones del 9 de junio en su distrito para tomar postura en algún sentido.

“Descartamos de plano cualquier acercamiento al kirchnerismo. Son decisiones que ha tomado otra fuerza política y no opinamos sobre la táctica de fuerzas adversarias”, dijo un allegado a Lavagna.

“Esto ratifica la importancia de este espacio centroprogresista, federal y democrático, que no está en ninguno de los extremos de la grieta”, aseguró. Otro operador de su intimidad reveló que “las tentaciones para llevarnos a uno u otro lado de la grieta existían. La semana pasada un sector hablaba de
la ampliación de Cambiemos, ahora esto”. Y agregó: “No pertenecemos a ninguno de los dos extremos de la grieta porque somos la antigrieta”. Lavagna seguirá con el armado de Consenso 19 y cree que se abre más espacio para una tercera candidatura.

Schiaretti convocó a una reunión con Lavagna, Massa, Urtubey y Pichetto. Mientras Massa decía este sábado que será el miércoles en esta capital, cerca de Schiaretti informaban que no hay fecha y lugar. Y Lavagna no recibió ninguna invitación.

“No hay reunión convocada”, dijeron cerca del exministro. Pichetto señaló que “Cristina Kirchner repite métodos, como cuando lo puso a Carlos Zannini, como vice de Daniel Scioli”. Y señaló que existen muchos dirigentes peronistas disconformes con la fórmula Fernández-Fernández, por lo que Alternativa Federal debe lanzar sus candidatos y propuestas “cuanto antes”.

En declaraciones al diario Clarín, señaló: “La noticia no me sorprende. Es una actitud dirigida a seducir al centro moderado, pero no lo va a lograr porque la centralidad sigue siendo ella”. “No creo que se sientan muy cómodos los intendentes del conurbano bonaerense ni los gobernadores peronistas”, aguijoneó el senador nacional.

Urtubey descartó la posibilidad de dialogar con Cristina Kirchner.
En su análisis, Urtubey agregó que “Fernández es menos de lo mismo y con ella de vice no hace más que dañar el supuesto gesto de renunciamiento. Cada vez es más claro que ahí no hay futuro”. Sobre el futuro en el peronismo, Urtubey señaló que “hablaremos a ver cómo sigue eso. Hoy hay que acelerar más que nunca”.

Por separado, Schiaretti prefirió no entrometerse en Unidad Ciudadana. “No opinamos sobre las decisiones de otra fuerza política. Estamos trabajando en Alternativa Federal, que va a tener representación en las próximas elecciones presidenciales”, dijo un allegado al gobernador de Córdoba. “Massa sabrá qué resolver, pero se acaba el tiempo de los coqueteos”, aseguró otro colaborador del cordobés.


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Milagro Sala fue condenada a cuatro años de prisión por el ataque a dirigentes sociales

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Se la acusó de haber sido la autora de un ataque a los dirigentes sociales Juan Carlos Maidana y Cristian Cesar Arias, alias «Luca», quien falleció en 2006

El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Jujuy condenó hoy por unanimidad a cuatro años de prisión a la dirigente social Milagro Sala, al hallarla culpable del delito de «lesiones graves» contra otros referentes sociales jujeños en 2006.

La líder de la Tupac Amaru fue condenada por los jueces Ana Carolina Pérez Rojas, Claudia Cecilia Sadir y Mario Puig. Se la acusó de ser la autora, junto a otras personas, de un ataque a los dirigentes sociales Juan Carlos Maidana y Cristian Cesar Arias, alias «Luca», en un hecho ocurrido en julio del 2006 en una oficina del primer piso del Ministerio de Infraestructura y Planeamiento.

Los fiscales de Cámara Marcelo Cuellar y Diego Cussel habían solicitado una pena de 5 años y 4 meses de prisión en la audiencia llevada a cabo la semana pasada.

Previo a escuchar la sentencia, Milagro Sala se puso de pie y dijo ante el jurado: «No porque me dicten más años de sentencia el gobernador (Gerardo Morales) va a solucionar el hambre que hay en la provincia. Están equivocados. No tengo nada que ocultar y no hice nada malo. Esta pesadilla en algún momento se tiene que terminar».

La periodista Sabrina Roth contó que Sala también expresó: «Creen que porque me dicten más años de condena van a resolver los problemas de pobreza, trabajo o educación que hay en Jujuy. Donde yo estoy ahora van a estar ellos», en referencia al banquillo de los acusados y también a los funcionarios que la dirigente social denunció.

En 2006, el dirigente de la Corriente del Pueblo César «Luca» Arias estuvo reunido con el ex ministro Cosentini para tratar temas relacionados con los beneficios sociales que otorgaba el estado nacional. Fue en ese marco cuando se produjo el encuentro con miembros de la Tupac Amaru que le propinaron una feroz golpiza a él y al otro dirigente social mencionado.

En la misma causa fue dictada la falta de mérito del entonces ministro de Infraestructura, Luis Cosentini. El procesamiento de Sala había sido dictado por el juez penal Pablo Pullen Llermanos en el marco de las investigaciones de la causa por agresiones contra Arias, que algunos meses después llevaría a la muerte del ex dirigente social.

La Cámara había confirmado el procesamiento de Milagro Sala por el delito «lesiones graves agravadas por el número de participantes». Según se denunció, Luis Cosentini se habría retirado del lugar sin solicitar ayuda ni denunciar a los agresores, quienes dejaron a sus víctimas muy mal heridos, debiendo ser hospitalizados.

INFOBAE.-

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Imputan a Berni y a Capitanich por incumplimiento de los deberes de funcionario público en 2013

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La fiscal federal N°3, Graciela López de Filoñuk, imputó a tres exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por la falta de asistencia a Córdoba durante el amotinamiento de policías en diciembre de 2013.

Fuentes judiciales confirmaron a La Voz que se promovió una acción penal por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público en contra del exsecretario de Seguridad, Sergio Berni; de la entonces ministra de esa cartera, Cecilia Rodríguez; y del exjefe de Gabinete, Jorge Milton Capitanich.

López de Filoñuk explicó que la imputación es “una promoción de acción penal” que llevó adelante la semana pasada a raíz de que los por entonces funcionarios nacionales “no habrían respondido a los llamados que hicieron en esos días tan aciagos desde el Gobierno de Córdoba”.

La instructora señaló además que las imputaciones se sostienen a partir de los testimonios “de los jefes policiales, los ministros, la exvicegobernadora y desgraciadamente me quedó pendiente el testimonio de De la Sota“, quien se encontraba de viaje cuando se desencadenó el acuartelamiento.

“Había hablado por teléfono y habíamos convenido la fecha el 18 de octubre. Hablamos un día antes del accidente (en el que murió el exgobernador). Él me dijo muchísimas cosa y me dijo que sí (declararía ante ella)”, afirmó la fiscal al programa Aquí Petete, por Mitre.

El juez federal N°3, Hugo Vaca Narvaja, ya receptó el requerimiento de instrucción de López de Filoñiuk y, en consecuencia, deberá llamar a indagatoria en Córdoba a los acusados.

EL ARRANQUE DE LA INVESTIGACIÓN

Hace un año, la fiscal abrió una investigación de oficio luego de que el actual legislador y exministro de Gobierno de Córdoba, Oscar González, declaró que el amotinamiento policial de fines de 2013 fue fogoneado supuestamente desde el Estado nacional.

“Intenté comunicarme con los funcionarios nacionales; nunca nadie me atendió el teléfono. Sólo conseguí hablar con secretarios. Recuerdo que el jefe de Gabinete era Jorge Capitanich; imposible intercambiar una palabra con él. Todo el día 3 estuve tratando de comunicarme”, dijo González durante el juicio por el acuartelamiento de 56 policías.

“Sergio Berni era una especie de Rambo del tercer mundo. Era el encargado de la seguridad, todos lo sabíamos. Intenté comunicarme con él y no lo conseguí. Intenté comunicarme con (FlorencioRandazzo, ministro del Interior, no fue posible. Sólo logré comunicarme con la casa Militar de la Casa Rosada: le transmitimos la situación, quedó que nos iban a llamar”, agregó en aquel juicio González.

Este miércoles, el abogado de los policías acuartelados, Miguel Ortiz Pellegrini, celebró en diálogo con Cadena 3 la imputación de los funcionarios. “Contribuye a la verdad y a no quedarnos en la anécdota: por acción y omisión, fundamentalmente, aquí hubo incumplimiento”, dijo.

En mayo de 2018, un total de 52 policías fueron condenados por abuso de autoridad en el marco del acuartelamiento de 2013, durante el cual hubo cientos de saqueos en la ciudad de Córdoba y un muerto.

EL PODER POLÍTICO ESTUVO EN VILO

El acuartelamiento de 48 horas de la Policía de Córdoba el 3 y el 4 de diciembre de 2013 generó una ola de saqueos en toda la ciudad, que puso en vilo al poder político provincial.

El reclamo de los policías sorprendió al entonces gobernador José Manuel de la Sota en el exterior. Había partido en la madrugada del 3 de diciembre, casi en el mismo momento que los policías comenzaron a dejar de prestar servicios.

Por eso, desde el Centro Cívico se dijo en aquel entonces que la huelga fue “organizada”, ya que arrancó en el mismo momento que el gobernador se ausentaba de la provincia.

Además de los daños económicos que generaron los saqueos en toda la Capital, la huelga policial produjo un fuerte sacudón político en la provincia, con connotaciones nacionales.

Luego de que los policías volvieron a trabajar, a los pocos días, el gobernador De la Sota produjo un profundo cambio en su gabinete, que terminó con el entonces jefe de Gabinete, Oscar González, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fuera del gobierno.

El amotinamiento también alimentó el enfrentamiento entre el Gobierno provincial y el kirchnerismo nacional. El propio exgobernador José Manuel de la Sota acusó al Gobierno nacional de haber demorado el envío de fuerzas federales, con el objetivo de perjudicar su gestión.

Fuente: La Voz

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