Cuáles son los puntos clave de la ley de extinción de dominio

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Cuáles son los puntos clave de la ley de extinción de dominio

El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia por el que entra en vigor el Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio, y crea “una Procuraduría” con facultades de investigar delitos contra el patrimonio público, narcotráfico y crimen organizado.

El decreto crea “una Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, con facultades para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la identificación y localización de bienes que pudieran provenir de alguno de los delitos” previstos en el régimen, como los relacionados con el patrimonio público, el narcotráfico y el crimen organizado.

Firmado por presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros del gabinete nacional, el decreto 62/2019, en sus fundamentos, señala que “el fenómeno de la corrupción implica un perjuicio estructural y sistemático al patrimonio y los recursos del Estado, provocando una afectación a la igualdad de las cargas públicas y generando un enorme costo para la operación eficaz del Estado, a la vez que daña el tejido social y desincentiva el cumplimiento de la ley”.

Además, justificó la aplicación del régimen por decreto al asegurar que “la corrupción y los delitos contra la Administración Pública, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y demás delitos graves afectan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas, causando enormes pérdidas para el Estado, en todas sus dimensiones, que, en definitiva, resultan en mayores costos para los ciudadanos”.

El decreto dispone la creación de una oficina que llevará adelante una nueva acción civil, que comprende a aquellos bienes que se presume provienen de la comisión de delitos graves como corrupción, narcotráfico, trata de personas, secuestro y terrorismo, entre otros, y cuyos responsables no puedan probar su origen lícito.

La normativa apuntará a cortar el sistema de financiación de las organizaciones delictivas nacionales e internacionales.

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La procuraduría de extinción de dominio funcionará dentro de la estructura de la Procuración General de la Nación, y será la encargada de llevar adelante las investigaciones preliminares, junto con los fiscales, presentará las demandas e impulsará las acciones, según informó el Ministerio de Justicia de la Nación.

Los bienes alcanzados por la nueva acción civil son todos aquellos susceptibles de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten propiedad y otros derechos o cualquier otro activo susceptible de apreciación pecuniaria.

También incluye los ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes mencionados.

Los delitos abarcados por el régimen de extinción son los de la ley 23.737 de estupefacientes, el contrabando de estupefacientes, precursores químicos y de armas, el amedrentamiento coactivo a particulares, gobiernos u organismos internacionales, la corrupción de menores, el proxenetismo, la distribución de pornografía infantil, la trata de personas y el secuestro extorsivo.

Asimismo comprende el fraude a la administración pública de un funcionario, el cohecho y la malversación de caudales públicos, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, las exacciones Ilegales y el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.

Por otra parte, serán alcanzados por la norma delitos como el encubrimiento, los balances e informes falsos agravados, los delitos contra el orden económico y financiero y ciertas asociaciones ilícitas.

Durante la sustanciación del proceso, la administración de los bienes estará a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) mientras que el dinero en efectivo será administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Por otra parte, la normativa introduce la posibilidad de que el Ministerio Público desarrolle programas de colaboración de personas que aporten información bajo identidad reservada, el colaborador eficaz, fijando una compensación de hasta el 10 por ciento de los bienes a los que se le extinguiría el dominio.

Con esta medida, la Argentina cumple con obligaciones internacionales asumidas en las convenciones Internacionales contra la Delincuencia Organizada Transnacional y de las Naciones Unidas, e interamericanas contra el Terrorismo y contra la Corrupción, señala la información.

Source: rionegro argentina

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