El Consejo de Mayo, el espacio multisectorial de diálogo impulsado por Javier Milei hace un año, tendrá su primer encuentro este martes en la Casa Rosada, pero la incógnita mayor gira en torno a la participación de la Confederación General del Trabajo (CGT). A pesar de que el Gobierno incluyó a Gerardo Martínez, líder de la UOCRA, como uno de los representantes sindicales, en la central obrera aseguran que aún no hay una decisión tomada y que el tema será debatido este lunes en una reunión clave.
Martínez, referente del ala dialoguista y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, confirmó que no recibió una invitación formal y que su eventual participación deberá contar con aval interno. Recién llegado de la conferencia de la OIT en Ginebra, donde recibió un premio de la OEI y fortaleció su figura internacional, el dirigente evitó asumir un compromiso personal: “No voy a decidir por mi cuenta algo así”, advirtió.
El Consejo de Mayo será presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y contará con presencia de funcionarios, legisladores y gobernadores. Su objetivo declarado es consensuar una “modernización laboral” que luego sería tratada por el Congreso. Sin embargo, en la CGT predomina el escepticismo: “Será difícil que se apruebe un aval a sentarse con el Gobierno mientras sigan el ajuste, el cepo a las paritarias y la reglamentación del derecho de huelga”, dijo a este medio un dirigente de peso.
La división interna de la CGT complejiza la decisión. Mientras en la mesa chica hay mayoría de moderados, en el Consejo Directivo el ala dura —con fuerte impronta kirchnerista— resiste cualquier acercamiento al oficialismo. La paradoja es que algunos de quienes evalúan sentarse a negociar con Milei también encabezan esta semana una marcha al Ministerio de Desregulación que lidera Federico Sturzenegger, en rechazo a los cambios en transporte y otros sectores sensibles.
El dilema es estratégico: si la CGT rechaza participar, corre el riesgo de que el Gobierno avance sin interlocutores sindicales en reformas laborales que podrían implicar retrocesos en derechos adquiridos. Pero si acepta, deberá convivir con el costo político de dialogar con un gobierno al que muchos de sus sectores combaten abiertamente, mientras apoyan electoralmente a figuras como Axel Kicillof.
El vínculo entre Martínez y el nuevo presidente de la UIA, Martín Rappallini, añade un elemento a favor del diálogo. Ambos sostienen una agenda común en torno a la necesidad de una modernización laboral que respete los derechos vigentes, y defienden la negociación tripartita. Su sintonía, consolidada en Ginebra, podría ser clave para contrapesar propuestas como la descentralización de los convenios colectivos o la eliminación de su ultraactividad, impulsadas por los ministros Caputo y Sturzenegger.
La CGT enfrenta, una vez más, el dilema clásico del sindicalismo argentino: sentarse a negociar para incidir o atrincherarse para resistir. Esta vez, con un escenario más fragmentado y un gobierno que avanza sin concesiones, cualquier definición tendrá costos. La decisión de este lunes, en ese sentido, marcará no solo la estrategia ante el oficialismo, sino también la unidad interna del movimiento obrero frente a una nueva reforma laboral.
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