El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), eliminó la tasa anual obligatoria para los legítimos usuarios de armas de fuego y llevó la vigencia de las inscripciones comerciales a cinco años. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 77/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial.
Con esta disposición, la ANMAC estableció que las inscripciones en los distintos rubros comerciales —que incluyen fabricantes de armas de uso civil y uso civil condicional, de municiones, de materiales de uso especial, talleres de armado, reparación y verificación de vehículos blindados, y recarga de municiones— tendrán ahora una validez de cinco años. Esta decisión implica un importante cambio respecto de la normativa anterior, que exigía una renovación más frecuente.
Al mismo tiempo, el artículo dos de la resolución suprime la exigencia del pago de la tasa anual para las categorías de usuarios legítimos comerciales, colectivos, cinegéticos y entidades de tiro. Esta eliminación apunta a aliviar la carga económica y burocrática para sectores vinculados al deporte, la producción y el comercio de armas y municiones.
En contrapartida, la norma mantiene sin modificaciones los requerimientos para los rubros de importadores y transportistas de materiales controlados, dado que —según aclararon desde el organismo— dichas competencias no dependen exclusivamente de la ANMAC.
A partir de ahora, los usuarios alcanzados por esta nueva disposición solo deberán notificar al organismo, en un plazo máximo de 30 días, cualquier modificación que afecte los requisitos presentados al momento de su inscripción. Esta obligación busca mantener actualizados los registros sin necesidad de trámites presenciales o pagos anuales.
El espíritu de la reforma, según explica el texto oficial, se enmarca dentro de una política de “simplificación y desburocratización de los trámites”, una línea de acción que el Gobierno nacional viene impulsando en distintas áreas administrativas.
Como parte de la implementación, la resolución faculta a las Direcciones Nacionales de Registro y Delegaciones, y de Fiscalización, Resguardo y Destrucción de Materiales Controlados, a realizar las adecuaciones necesarias en los instructivos de las tramitaciones vigentes, adaptándolos a este nuevo régimen.
Se trata de una medida que forma parte de un paquete más amplio de modificaciones impulsadas recientemente por el Ejecutivo nacional, que incluye los decretos 409 y 397/2025, los cuales reformularon aspectos clave de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429, vigente desde 1975.
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