El juez Sebastián Casanello procesó este jueves al expresidente Alberto Fernández por el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública“, en relación con el decreto 823 que otorgó el monopolio de seguros a Nación Seguros. Sin embargo, no se dictó prisión preventiva en contra del exmandatario.
Se le aplicó un embargo de $14.634.220.283. También fueron procesados el empresario Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero (ex secretaria de Fernández), así como ex directivos de Nación Seguros.
Martínez Sosa y sus socios cobraron $2.297.820.134 en comisiones entre 2019 y 2023, beneficiándose de contratos con 19 organismos públicos. Además, se reveló que Fernández facturó $4,2 millones a la empresa de Martínez Sosa por supuestos informes políticos antes de asumir la presidencia.
El caso avanzó con un informe clave de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que analizó las finanzas de Fernández y sus vínculos con Martínez Sosa. Varios imputados recibieron falta de mérito, pero la investigación continuó abierta.
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