El Gobierno tenía previsto convocar a los gobernadores aliados para retomar el vínculo y ordenar el discurso oficial tras el revés en la Cámara de Senadores, por lo que buscará sumar adhesiones de ese sector a su intención de vetar o judicializar la sesión.
En la Casa Rosada vieron ayer por televisión cómo la oposición lograba aprobar el aumento del bono jubilatorio, la prorroga de la moratoria previsional y la emergencia en Discapacidad, además la reforma de la coparticipación y el rechazo del veto al fondo de emergencia para Bahía Blanca en una sola jornada.
Sin embargo detectaron algunos gestos de los gobernadores que hasta entonces se nucleaban bajo el paraguas de Juntos por el Cambio (JxC), que bajaron la orden a sus senadores de ausentarse o abstenerse en el tratamiento de algunos de los proyectos.
En una muestra de buena voluntad, cuatro mandatarios provinciales dialoguistas hicieron un paréntesis en los insistentes reclamos por fondos coparticipables que unieron a los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño e intentaron desarticular la sesión.
Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco) aportaron cinco ausencias (los dos mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez; los dos entrerrianos Alfredo De Ángeli y Stella Maris Olalla y el chaqueño Víctor Zimmermann), y el chaqueño Ignacio Torres ordenó a sus dos senadoras Andrea Cristina y Edith Elizabeth Terenzi que se abstuvieran de votar, a excepción de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
De esa forma cumplieron con lo anticipado: solo respaldaron los proyectos que proponen la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles.
Lo cierto es que vínculo con las provincias preocupa a un sector del Gobierno con la mira hacia el futuro a punto tal que el tópico fue incluido en el temario abordado en la reunión de Gabinete del jueves.
Con la intención de recuperar la sintonía, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tiene ahora la misión de convocar a los gobernadores aliados a un nuevo encuentro que está en los planes en el corto plazo pero que aún no tiene fecha programada, y para el que se espera la participación, aunque exprés, del propio Javier Milei.
Francos mostró una vez más su habilidad para acercar posiciones, incluso cuando la tensión escala, y no solo desestimó que “esté todo roto”, sino que dejó en claro que “siempre hay posibilidades de conversar”.
“Con algunos vamos a tener acuerdos electorales. Las posibilidades de conversación están siempre abiertas”, dijo en declaraciones radiales, y añadió: “No todos los gobernadores son lo mismo. Hay gobernadores que se dedican a gastar y otros que son más serios en la administración de los recursos públicos”.
Los dichos del funcionario traducen la voluntad que sobrevuela en Balcarce 50 de recuperar aliados en un contexto desfavorable para el oficialismo.
Milei supo detectar incongruencias en los mensajes a las provincias cuyas interlocuciones están a cargo de Eduardo “Lule” Menem, alfil de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial Santiago Caputo, y quiere poder aclararlo en primera persona, además de retomar el vínculo con las provincias dialoguistas.
“Palo y zanahoria”, sintetizó una importante voz libertaria con acceso al despacho presidencial sobre la relación del Ejecutivo con las provincias después de que el mandatario arremetiera contra todos los gobernadores “independientemente del color político”.
El Gobierno trabaja en la búsqueda de respaldos para sostener el veto en alguna de las dos cámaras y, en el peor de los escenarios, elevar a la Justicia la sesión por considerar que la convocatoria tuvo origen ilegítimo.
“Ayer se vulneró el reglamento. Esa sesión no fue legal, no importa si Victoria (Villarruel) estuvo sentada ahí o no”, expresaron en uno de los despachos de Casa Rosada y añadieron que “ahora hay que ver si se veta y después se judicializa o qué conviene”.
Fuentes oficiales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que “no se puede judicializar sin vetar”, por lo que el veto sería la primera medida que tomaría el Poder Ejecutivo.
Milei advirtió ayer en la Bolsa de Comercio sobre sus intenciones de “vetar” o “judicializar” los proyectos por considerar que atenta contra el equilibrio fiscal y en eso trabajan los abogados del Gobierno.
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