Doce entidades bursátiles de todo el país, entre ellas las principales bolsas de comercio de Argentina, emitieron un comunicado en el que expresan su “enérgico rechazo” a la eliminación de beneficios fiscales para las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), incluida en la reforma jubilatoria sancionada esta semana por el Senado.
Según advierten, la medida pone en serio riesgo el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, un sector clave en la generación de empleo formal.
El pronunciamiento fue firmado por BYMA, la Caja de Valores y las bolsas de comercio de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Chaco, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca y Corrientes. Las entidades consideran que la norma “implica un golpe directo” a uno de los instrumentos más eficientes para que las PyME accedan al crédito, y denuncian que fue aprobada sin el debido debate ni consulta al sector.
𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐛𝐮𝐫𝐬𝐚́𝐭𝐢𝐥 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐞́𝐠𝐢𝐦𝐞𝐧 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐒𝐆𝐑
Las Bolsas de Comercio de Rosario, Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca y Corrientes, junto al… pic.twitter.com/90VbnUpAuj— Bolsa de Comercio de Rosario (@BolsaRosario) July 12, 2025
La eliminación de las exenciones fiscales, explican, desarma un sistema virtuoso que movilizó $3,8 billones en crédito productivo, asistió a más de 100.000 empresas y sostuvo más de medio millón de empleos.
La modificación figura en el artículo 10 de la nueva ley, que intenta compensar el aumento del gasto previsional recortando beneficios a los aportantes a las SGR. Se trata de un régimen con más de tres décadas de trayectoria, que garantiza uno de cada tres préstamos otorgados a PyME en el país. El presidente Javier Milei anticipó que vetará la ley en su totalidad, aunque todavía no se formalizó esa decisión.
Desde la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (Casfog), su secretario Ignacio Pérez Riba explicó que el supuesto costo fiscal del régimen es de apenas USD 136 millones anuales —el 0,02% del PBI—, y que se trata de una herramienta con “notable eficiencia”, ya que promueve actividad económica y eleva la recaudación vía IVA, Ganancias y cargas sociales de las empresas beneficiadas.
“Este cambio legislativo representa un retroceso en materia de financiamiento productivo”, advirtieron las entidades. Y llamaron al Congreso y al Poder Ejecutivo a revisar la norma antes de que provoque “daños irreparables” al entramado PyME argentino.
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