Mientras se mantiene el delicado vínculo entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales, el Ejecutivo nacional confirmó que el próximo lunes se concretará una reunión del Consejo de Mayo con la participación del gobernador Alfredo Cornejo, en calidad de representante de las provincias. Sin embargo, desde el entorno presidencial insisten en que no existe urgencia por avanzar en negociaciones concretas.
La reciente participación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en un evento organizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) –al que también asistieron varios gobernadores pero contó con la presencia del mendocino– fue calificada como un gesto de cortesía y no como parte de una estrategia de acercamiento formal. Según trascendió desde la Jefatura de Gabinete, la presencia de Francos respondió a una invitación del titular de la SRA, Nicolás Pino, pero sin intenciones de generar resoluciones concretas.
“La reunión fue una señal institucional, pero nunca se planteó como un ámbito de definición política”, explicaron fuentes oficiales, minimizando el alcance del encuentro. De hecho, en Balcarce 50 reconocen que el escenario legislativo aún no ofrece certezas: no hay fecha para el debate de las iniciativas promovidas por las provincias en la Cámara de Diputados, y se prevé que las discusiones se posterguen hasta después del receso invernal, lo que aleja la posibilidad de acuerdos inmediatos.
Entre los gobernadores presentes en el evento figuraron nombres de distintos signos políticos como Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca) y Jorge Macri (CABA). Si bien la reunión transcurrió en un clima ameno, el Gobierno aclaró que no hay en agenda nuevos encuentros públicos por el momento. Sí se mantienen, de manera reservada, algunos diálogos bilaterales entre Francos y gobernadores específicos.
La expectativa está ahora puesta en el encuentro del Consejo de Mayo, donde Cornejo –aliado del oficialismo nacional– asumirá un rol destacado. Sin embargo, desde el Ejecutivo advierten que el contenido de la reunión no se difundirá públicamente. “La decisión es no comunicar el avance del trabajo, sino presentar un informe final a fin de año”, remarcaron desde la organización.
La estrategia responde al deseo de preservar la discreción en un ámbito que busca coordinar visiones entre actores diversos como el Gobierno nacional, el Congreso, sindicatos y el sector empresario. Esta instancia de diálogo, impulsada por el presidente Javier Milei, se había retrasado durante meses y recién pudo ponerse en marcha hace tres semanas.
En paralelo, siguen su curso parlamentario los proyectos para modificar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles Líquidos, que ya cuentan con media sanción del Senado y esperan tratamiento en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Energía en Diputados. Desde el Ejecutivo ya anticiparon que, si estas propuestas prosperan, serán vetadas por el presidente Milei.
El Gobierno considera que detrás de estos proyectos no hay una genuina preocupación económica, sino un trasfondo político. Por eso, aseguran que la respuesta a los reclamos de las provincias también será política. En la visión oficial, no hay margen para ceder recursos que comprometan el equilibrio fiscal, uno de los pilares centrales de la actual gestión.
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