El juicio internacional por la expropiación de YPF entrará en una fase clave en los próximos días. La Argentina debe presentar antes del martes 22 de julio sus argumentos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para evitar la entrega de acciones de la petrolera estatal, que fue ordenada por la jueza Loretta Preska como parte del fallo que condenó al país a pagar más de US$16.000 millones.
La estrategia de los abogados argentinos apunta a lograr que la Cámara mantenga en suspenso la ejecución del fallo mientras analiza el recurso para revertir la sentencia de fondo. Ese pedido se volvió aún más relevante luego del giro inesperado del fondo Burford, principal beneficiario del fallo, que ante la misma Corte aseguró no tener interés en quedarse con los activos de YPF. En cambio, exigió que el país deposite una garantía como condición para seguir adelante con la apelación.
El cambio de posición del demandante sorprendió, ya que fue Burford quien impulsó la ejecución forzada del fallo en el juzgado de Preska. Ahora, sus abogados buscan evitar que la Argentina avance con la apelación sin colocar antes un monto como aval, lo que podría complicar aún más el panorama financiero del país.
Según fuentes judiciales, tras la presentación de Argentina, la Corte deberá definir qué sala del tribunal se hará cargo de analizar la suspensión de la ejecución. Aunque no hay plazos establecidos, se estima que podría haber una resolución hacia fin de mes. Si la Cámara acepta el pedido argentino, la sentencia quedará en pausa hasta que se resuelva la apelación definitiva, dando aire a las reservas nacionales.
Por el contrario, si se rechaza la solicitud, se reactivará la orden de entrega de acciones, lo que pondría al país al borde del desacato, con posibles consecuencias sobre su acceso a los mercados internacionales y su ya delicada reputación jurídica global. Mientras tanto, la Corte también deberá pronunciarse sobre el fondo del caso y si efectivamente la deuda puede cobrarse con el 51% de las acciones de YPF que posee el Estado argentino.
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