La reciente decisión de la Corte Suprema de dejar firme la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad comienza a mostrar efectos directos en otros expedientes judiciales vinculados a la expresidenta.
En las últimas horas, el Tribunal Oral Federal que debe juzgarla por lavado de dinero en la causa Hotesur y Los Sauces rechazó un pedido de la defensa para levantar los embargos y devolver bienes valuados en al menos 9.000 millones de pesos.
El fallo, firmado por los jueces Nicolás Toselli y José Antonio Michilini, con disidencias parciales de la jueza Adriana Palliotti, ratificó que las medidas cautelares seguirán vigentes.
Entre los bienes embargados se encuentran propiedades en Puerto Madero, El Calafate y Río Gallegos, vehículos, terrenos, hoteles y más de 6 millones de dólares en efectivo. La defensa de Cristina Kirchner, su hijo Máximo y otros acusados había ofrecido inmuebles y fondos para cubrir los embargos, pero la Justicia consideró que la propuesta era insuficiente y que los activos ofrecidos podrían haber sido producto del delito.
El argumento central de los magistrados fue la necesidad de garantizar el eventual decomiso de los bienes en caso de condena. También se apoyaron en el compromiso internacional de la Argentina en materia de recuperación de activos.
La Fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF) respaldaron esta decisión, al advertir que el avance de la causa, tras los fallos de Casación y de la Corte, refuerza la necesidad de mantener las medidas preventivas de cara a un juicio oral aún sin fecha de inicio.
En disidencia parcial, la jueza Palliotti sostuvo que algunos bienes podrían ser sustituidos si se tratara de montos para cubrir costas o multas, pero coincidió con sus colegas en que las medidas cautelares son necesarias para preservar el patrimonio vinculado a los presuntos delitos.
Aun así, se autorizó parcialmente la distribución de dividendos a Florencia Kirchner, quien fue sobreseída, pero mantiene bienes bajo embargo desde 2016.
El fallo también prorrogó por seis meses la supervisión judicial sobre las sociedades Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., e impidió cualquier cambio en su composición accionaria.
La causa, que investiga supuestos negocios de alquiler de inmuebles y hoteles entre las empresas de la familia Kirchner y empresarios contratistas del Estado, sigue pendiente de juicio oral, aunque la presión institucional para su realización aumenta tras el fallo de la Corte en el expediente Vialidad
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