La Comisión Nacional de Valores (CNV) reglamentó el nuevo Sistema de Fondo de Cese Laboral, una herramienta que se incorpora a las Convenciones Colectivas de Trabajo como alternativa al régimen tradicional de indemnización por despido. La medida, oficializada mediante el decreto 847/2024, busca modernizar las relaciones laborales sin derogar el marco normativo vigente.
Este nuevo esquema permite que empleadores y trabajadores acuerden previamente la utilización de Fondos Comunes de Inversión (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF) para afrontar los costos vinculados a la desvinculación laboral. Se trata de un régimen voluntario, que solo podrá implementarse si las partes lo consensúan en el ámbito de la negociación colectiva. No reemplaza automáticamente la Ley de Contrato de Trabajo, sino que funciona como una opción adicional.
Los aportes, realizados por los empleadores y eventualmente por los trabajadores, estarán destinados exclusivamente a cubrir ceses laborales. Los fondos serán inembargables mientras estén en custodia y, al ser transferidos, quedarán a libre disposición del trabajador. Las sociedades gerentes tendrán libertad para definir las políticas de inversión dentro de un marco que priorice la seguridad y liquidez de los activos, sin limitaciones específicas sobre la cartera elegible.
El presidente de la CNV, Roberto Silva, señaló que esta herramienta busca brindar mayor previsibilidad a las empresas y, al mismo tiempo, generar oportunidades de ahorro e inversión para los trabajadores. Además, destacó que el desarrollo de esta normativa fue precedido por una consulta pública en la que se incorporaron aportes del sistema financiero. El diseño del régimen también responde a recomendaciones de organismos multilaterales como el FMI, que promueven el fortalecimiento del mercado de capitales local.
La reglamentación establece que los fideicomisos financieros podrán ser utilizados por múltiples empleadores, una opción atractiva para sectores con menor capacidad operativa. La CNV emitió una guía operativa con todos los requisitos para la inscripción, funcionamiento y supervisión de estos instrumentos. Además, los rendimientos generados no se considerarán parte del salario, lo que los exime de cargas sociales, aumentando su atractivo fiscal.
El grado de adopción del sistema dependerá de su inclusión en futuras rondas de negociación colectiva. Mientras algunos sindicatos comienzan a estudiar su viabilidad, en el sector empresario se analizan sus implicancias fiscales y contables.
MÁS NOTICIAS:
EL SOL.-