La Casa Rosada avanza en un nuevo esquema para transferir fondos a las provincias a cambio de que asuman el control y la ejecución de las obras de Vialidad en sus territorios. La propuesta, que se oficializará esta semana, surge como respuesta a la demanda de los gobernadores para elevar al 50% la coparticipación del impuesto a los combustibles y asegurar la regularidad en el envío de fondos a través de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Según trascendió, el Gobierno está dispuesto a ceder parte del porcentaje de recaudación asignado al Sistema Vial Integrado (SISVIAL). Actualmente, el fideicomiso, que financia el Fondo de Infraestructura de Transporte, recibe el 28,58% de lo recaudado por este impuesto, con un total de $674.627 millones en 2024, sumados a transferencias por $1.058 billones.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se encargará de las negociaciones junto al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para evaluar el impacto fiscal y definir el margen para la cesión de recursos. Por su parte, los gobernadores tienen prevista una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para discutir la propuesta.
En el seno del oficialismo persisten diferencias respecto a la viabilidad de distribuir de forma permanente parte del excedente anual del Fondo de ATN, contemplado en la Ley de Coparticipación.
Mientras algunos sectores aseguran que hay espacio en las cuentas públicas para realizar estos envíos, otros advierten que “no hay plata”, señalando la caída de la recaudación vinculada a impuestos como el PAIS y las retenciones. Desde el Gobierno sostienen que “los ATN se entregan todos los meses”.
El Ejecutivo apunta a convertir estos acuerdos en un proyecto de ley que avance en el Congreso, acompañando su tratamiento con otras iniciativas como las leyes Penal Tributaria y de Procedimiento Fiscal, cuyo debate se iniciará esta semana en comisiones.
Paralelamente, busca cerrar alianzas políticas con gobernadores para impedir el aumento jubilatorio aprobado en Diputados y que deberá tratar el Senado, escenario donde consideran difícil revertir la votación, por lo que apuestan a un veto presidencial ya anunciado públicamente.
En la agenda legislativa y política, la Casa Rosada también trabaja para evitar tensiones de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, buscando integrar a partidos dialoguistas del interior dentro de la boleta oficial de La Libertad Avanza, bajo la coordinación de la secretaria general Karina Milei.
En este contexto, el Gobierno convocó para este martes a la primera reunión del Consejo de Mayo, presidido por Francos y con la participación de actores clave: el gobernador mendocino Alfredo Cornejo representará a las provincias, mientras que el sindicalismo estará a cargo de Gerardo Martínez (UOCRA).
Por el Congreso asistirán Cristian Ritondo y Carolina Losada, y la Unión Industrial Argentina estará representada por Martín Rapallini. En este espacio se discutirá la reforma laboral, tributaria y previsional comprometida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La reforma laboral busca modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo para reducir la intervención estatal en las negociaciones entre empleadores y trabajadores. Entre los puntos clave se encuentra la eliminación de la homologación de paritarias por parte del Estado, la derogación de la optatividad del pago de la cuota solidaria sindical, y la promoción de la mediación y el arbitraje para resolver conflictos laborales evitando la judicialización.
Asimismo, el Gobierno busca aumentar la formalidad laboral y disminuir la cantidad de jubilados para mejorar la sustentabilidad del sistema previsional. Se evalúa también la posibilidad de implementar un sistema jubilatorio privado similar a las antiguas AFJP y aumentar la edad jubilatoria de las mujeres, junto con cambios en regímenes especiales, como el de diplomáticos.
Con información de TN.
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