A casi un año de su anuncio, el Consejo de Mayo sesionó por primera vez este martes en la Casa Rosada, con el objetivo de dar inicio formal a una serie de encuentros mensuales que desemboquen, en diciembre, en un paquete de propuestas legislativas y reformas. El organismo, creado para institucionalizar los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo, delineó su dinámica de trabajo sin avanzar aún en definiciones sustantivas.
El encuentro fue encabezado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y contó con la participación de los seis consejeros designados por decreto: Federico Sturzenegger (Ejecutivo), Alfredo Cornejo (provincias), Carolina Losada (Senado), Cristian Ritondo (Diputados), Gerardo Martínez (sindicatos) y Martín Rappallini (empresariado). La secretaria Técnica, María Cecilia Domínguez Diacoluca, también formó parte del cónclave.
Durante la reunión —que se extendió por poco más de una hora y media en el Salón de los Escudos de la Secretaría del Interior—, los consejeros acordaron una frecuencia mensual de sesiones y establecieron el 20 de julio como fecha para el próximo encuentro. Entre medio, los equipos técnicos de cada sector trabajarán propuestas sobre los 10 puntos del Pacto de Mayo, firmados por el presidente Javier Milei y 18 gobernadores en Tucumán.
Entre los puntos que deberán discutirse figuran temas sensibles como la reforma previsional, la reforma laboral, la rediscusión del esquema de coparticipación, y la apertura comercial. Todos integran el decálogo del Pacto de Mayo, que también propone equilibrio fiscal, respeto a la propiedad privada y reducción del gasto público a niveles históricos.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, representó a los mandatarios provinciales firmantes del pacto, y aunque no hizo declaraciones públicas, su presencia fue leída como una ratificación de su alianza estratégica con la administración de Javier Milei.
“El Consejo de Mayo tiene que servir para institucionalizar el cambio y transformar el Pacto de Mayo en políticas públicas que mejoren la vida de los argentinos”, sintetizó uno de los presentes.
En términos formales, se trata de un organismo consultivo y no vinculante, tal como aclaró el sindicalista Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, quien remarcó que “no busca competir con el Ejecutivo ni con el Parlamento”, pero sí ser una herramienta para lograr consensos políticos y sociales.
Por su parte, Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, destacó “el ánimo de diálogo muy constructivo” entre los consejeros y valoró la diversidad de miradas que, según dijo, aportará a enriquecer los debates.
Quien ofició de vocera al término del encuentro fue la senadora radical Carolina Losada, quien explicó que el objetivo es que en diciembre haya un documento final con propuestas legislativas concretas, construidas con aportes de todos los sectores. “La idea es consensuar entre todos, tenemos una oportunidad única”, sostuvo.
Si bien el tono del primer encuentro fue cordial y sin cruces, Martínez puso un límite: “No hay lugar para reducir los derechos de los trabajadores”. Y si bien aseguró que no se abordó en detalle la reforma laboral, advirtió que la CGT mantendrá su postura histórica. “Vamos a defender los intereses que representamos con argumentos técnicos”, sentenció.
Por el lado del empresariado, Martín Rappallini, presidente de la UIA, también pidió avanzar con “modernización laboral” pero aclaró: “No estamos planteando ni reforma de jubilaciones ni quitar horas de trabajo”. El dirigente se mostró optimista respecto de la posibilidad de construir acuerdos amplios: “Este Consejo es para construir consensos, ese es el gran objetivo”.
Según trascendió, la Casa Rosada espera que las propuestas del Consejo sirvan como insumo para la agenda legislativa que se abrirá en diciembre, cuando posiblemente Milei busque enviar una nueva tanda de reformas estructurales al Congreso, con mayor respaldo político.
Por ahora, la primera sesión del Consejo de Mayo dejó más preguntas que respuestas. Pero, al menos, marcó el comienzo de una mesa de diálogo institucional inédita, donde se sentaron a debatir representantes del oficialismo, la oposición, el sindicalismo y el sector privado.
Resta saber si ese diálogo prosperará y logrará convertirse en acción política efectiva. De aquí a diciembre, los próximos encuentros tendrán la misión de transformar los acuerdos de Tucumán en propuestas concretas de reforma.
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