Gabriel Oriolo presentó su renuncia como titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el ente que regula a las obras sociales, en un contexto crítico para el sistema de salud argentino.
A pesar de que esgrimió “motivos personales”, su salida ocurre en medio de una fuerte tensión entre el Gobierno y las prepagas, con una red de obras sociales al borde del colapso financiero y crecientes disputas políticas por el control de los recursos del sector.
Oriolo, exejecutivo de OSDE, asumió la conducción de la SSS con el respaldo de Mario Lugones, actual ministro de Salud. Será reemplazado por Claudio Stivelman, quien hasta ahora se desempeñaba como gerente general del organismo. Durante su gestión, Oriolo llevó adelante una política activa de control que incluyó la intervención de ocho obras sociales sindicales y la clausura de otras cinco por irregularidades y baja cantidad de afiliados.
Uno de los focos más sensibles de su gestión fue la intervención de la Obra Social de los Trabajadores Rurales (Osprera), en la que el Gobierno desplazó a José Voytenco —referente del PJ chaqueño— y colocó en su lugar a Marcelo Petroni, abogado vinculado a “Lule” Menem, estrecho colaborador de Karina Milei. La medida fue formalizada mediante decreto presidencial, luego de que se detectara una deuda superior a los $97.000 millones. Voytenco calificó la intervención como una maniobra política y judicial irregular, y denunció la incorporación de personal afín al oficialismo con sueldos millonarios.
En una carta pública, Oriolo reivindicó su paso por la SSS y aseguró haber cumplido con el objetivo de “recuperar el rol fiscalizador” del organismo.
El lunes es mi último día como Superintendente de Servicios de Salud ya que tomé la decisión de renunciar al cargo por motivos personales. Esto fue conversado desde el primer momento con el Ministro de Salud, @MarioLugones_AR, a quien le agradezco públicamente —como ya lo hice en…
— Gabriel Oriolo (@gabriel_oriolo) June 28, 2025
Entre sus principales medidas destacó la eliminación de la triangulación de fondos entre obras sociales, la publicación de los valores de los planes médicos, la reforma del régimen de sanciones y el impulso de compras conjuntas para abaratar costos. “La salud en la Argentina arrastra una crisis estructural de décadas y eso exige reordenar el sistema con transformaciones profundas”, afirmó.
Pese a estos avances, su salida deja al descubierto la fragilidad de un sistema presionado por la inflación, el aumento del costo de los medicamentos y la caída de ingresos. Con 290 obras sociales en funcionamiento y la mayoría en déficit, el Gobierno sigue utilizando la SSS como herramienta para disciplinar a sindicatos y avanzar en la reorganización del sector, mientras la conflictividad interna y los cruces judiciales se agravan
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