Luego de una semana agitada en el Congreso, donde se aceleró el tratamiento de proyectos que el Gobierno considera críticos para su plan económico, la Casa Rosada proyecta convocar a los gobernadores para intentar recomponer el vínculo político. La intención, según trascendió, es avanzar con una reunión presencial con un grupo reducido de mandatarios luego del 9 de julio, aunque todavía no hay una fecha definida.
El malestar en el Gobierno creció tras el aval que algunos legisladores de fuerzas provinciales o cercanas al oficialismo dieron para avanzar con iniciativas que inquietan a Javier Milei. En Diputados, se trató la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan, mientras que en el Senado la Comisión de Presupuesto dictaminó favorablemente sobre el proyecto que mejora las jubilaciones y la moratoria previsional. También se avanzó con otras propuestas de impacto fiscal, como la emergencia en discapacidad, el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y cambios en la asignación del impuesto a los combustibles.
Aunque en Balcarce 50 evitan culpar directamente a los gobernadores por las decisiones de sus legisladores, reconocen que las diferencias son cada vez más visibles. Con la premisa de acercar a las partes nuevamente, la consigna -por el momento- es bajar el tono del conflicto y evitar un enfrentamiento abierto, especialmente en momentos en que el oficialismo necesita apoyo parlamentario para sostener su política fiscal y los eventuales vetos presidenciales.
El encuentro que proyecta la Jefatura de Gabinete a cargo de Guillermo Francos repetiría el esquema de la última reunión con mandatarios en Casa Rosada, a la que asistieron Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz) y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto. En aquella oportunidad, no hubo avances concretos y los gobernadores dejaron en claro su disconformidad con la falta de respuestas sobre la coparticipación, la caída de la recaudación y la necesidad de revisar el esquema fiscal.
En paralelo, las provincias no se quedan quietas y muestran su propio músculo político. Reuniones periódicas en el ámbito del Centro Federal de Inversiones (CFI) y pronunciamientos públicos cada vez más críticos, forman parte de la carta impulsada desde el interior. En ese contexto, la estrategia del Gobierno nacional parece ser la de recuperar canales de diálogo, aunque sin mostrar señales de apuro.
Mientras tanto, en el Congreso se acumulan los proyectos que tensan la relación con el oficialismo. El avance en comisiones y la posibilidad de sesiones especiales en el Senado son vistos con preocupación por el Ejecutivo, que teme que iniciativas con alto costo fiscal avancen pese a sus advertencias. El Ejecutivo ha reiterado que, de prosperar esas leyes, el Presidente utilizará la herramienta del veto. Pero la viabilidad de esos vetos dependerá, en última instancia, de los votos de los gobernadores. Y con la pelota en su poder, estos avanzan en modificaciones sustanciales que beneficien a sus distritos.
En el Senado, el panorama se presenta aún más complejo que en Diputados. La oposición es más fuerte numéricamente y la relación con la vicepresidenta y presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, está atravesada por diferencias internas con el oficialismo. La posibilidad de que se convoque a una nueva sesión para tratar los ATN y otras propuestas similares mantiene en alerta a La Libertad Avanza.
Así las cosas, la apuesta del Gobierno central ahora es que una nueva instancia de diálogo con los gobernadores logre al menos contener las tensiones y evitar que las provincias se conviertan en un frente de conflicto abierto -uno más- en un escenario ya desafiante para el oficialismo nacional.
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