La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá continuar cumpliendo su condena con tobillera electrónica y restricción de visitas en su modalidad de prisión domiciliaria. La decisión fue adoptada por mayoría por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, mientras que Mariano Borinsky votó en disidencia parcial.
El fallo responde a los planteos de la defensa de la ex mandataria, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, quienes habían pedido flexibilizar dos condiciones: el control electrónico mediante tobillera y la obligación de solicitar autorización previa para recibir visitas que no estén incluidas en una nómina.
Al mismo tiempo, se trató un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal, que inicialmente buscaba revocar la prisión domiciliaria pero fue desistido durante la audiencia por el fiscal general Mario Villar.
La mayoría del tribunal consideró que tanto la tobillera como el régimen de visitas permiten garantizar un control judicial efectivo y proteger tanto el proceso penal como la seguridad personal de Fernández de Kirchner.
Los magistrados subrayaron que estas condiciones no representan una afectación ilegítima, sino que son razonables y acordes a la gravedad de los delitos por los cuales fue condenada. También destacaron que el acceso de familiares, abogados y médicos se mantiene sin restricciones y que la nómina de visitas puede ampliarse con trámite sencillo ante el juez de ejecución.
El juez Borinsky, en disidencia, opinó que la ex presidenta cuenta con custodia permanente de la Policía Federal, lo que vuelve innecesario el uso de recursos penitenciarios como la tobillera, que son limitados. Sin embargo, su postura no prosperó en la votación del tribunal.
La resolución de más de cien páginas sostiene que el cumplimiento de una condena por corrupción debe ser efectivo y bajo estándares iguales para cualquier ciudadano. A su vez, el tribunal recordó que la modalidad domiciliaria es excepcional y está sujeta a revisión si cambian las circunstancias del caso. El domicilio de cumplimiento de pena se mantiene sin modificaciones y cualquier cuestión vinculada al uso del espacio público queda bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Con información de Infobae.
MÁS NOTICIAS:
EL SOL.-