El Ministerio de Economía oficializó una serie de cambios clave al Régimen de Importación de Bienes Integrantes de Grandes Proyectos de Inversión, con el objetivo de impulsar la competitividad industrial, fomentar la producción local y, como novedad central, incluir a los proyectos de generación de energía eléctrica dentro del esquema de beneficios fiscales y aduaneros.
La medida, que responde al contexto de emergencia energética nacional declarada hasta 2026, fue establecida mediante la Resolución 938/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
El objetivo del gobierno es evitar los cuello de botella que se producen en la época invernal provocada por los picos de consumo ante la baja de las temperaturas.
Las modificaciones buscan atraer capital privado a sectores estratégicos. Para eso, se flexibilizan condiciones, se amplían plazos y se redefine el concepto de “puesta en marcha”, que ahora se vincula al inicio efectivo de la producción y no solo a la instalación de equipos. En paralelo, se mantiene la exigencia de adquirir bienes de origen nacional por al menos el 10% del valor FOB de lo importado, pero permitiendo que los proyectos avancen aun sin haber definido completamente esas compras locales.
Otro eje relevante es la simplificación del régimen sancionatorio. Se establecen plazos más amplios para las rendiciones de cuentas de proyectos iniciados antes de diciembre de 2024, y se endurecen penalizaciones ante incumplimientos, como la ejecución total de garantías o la inhabilitación por tres años para nuevos beneficios. Asimismo, se reconoce la posibilidad de comodatos con proveedores locales para el uso de bienes industriales intermedios, a condición de que exista un contrato formal.
La nueva normativa alcanza a todos los expedientes en curso y se ajusta a enmiendas recientes en la Nomenclatura Común del Mercosur. Según el texto, el objetivo es adaptar el régimen a estándares internacionales y a las necesidades actuales del entramado productivo argentino.
La resolución lleva la firma del ministro Luis Caputo y entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. Desde Economía aseguran que esta actualización del régimen no solo apunta a acelerar inversiones estratégicas en infraestructura energética, sino también a ordenar el universo de proyectos demorados por trabas administrativas heredadas.
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