El gobierno de Estados Unidos se presentó como “amicus curiae” de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF y solicitó la suspensión del fallo que ordena el pago de US$16.000 millones, hasta tanto se resuelva la apelación interpuesta por el país.
El escrito, presentado por el Departamento de Justicia norteamericano, sostiene que la sentencia dictada por la jueza Loretta Preska viola los principios de inmunidad soberana establecidos por el derecho internacional y por la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA) de 1976.
En un documento de doce páginas, la administración de Donald Trump —aunque actualmente fuera del poder, es bajo su gestión que se originó la postura del Ejecutivo estadounidense— manifestó que el fallo judicial atenta contra principios clave de política exterior y relaciones internacionales.
“La aplicación de un estatuto de ejecución estatal de Nueva York para ordenar el traslado de propiedad extranjera al país no puede anular los requisitos de la FSIA o los principios de inmunidad soberana”, advierte el texto.
Según el escrito, la inmunidad soberana extranjera históricamente impide la ejecución sobre propiedades de otros estados. La FSIA contempla excepciones, pero únicamente para activos que se encuentren dentro del territorio estadounidense.
“Otras decisiones de tribunales de apelación han requerido que la propiedad de un estado extranjero esté en Estados Unidos para que pueda ser ejecutada”, recuerda el documento, que subraya que forzar el traslado de acciones desde el extranjero a Estados Unidos no cumple con los requisitos legales.
“El Congreso del país no indicó una intención de eliminar la inmunidad para la propiedad de estados extranjeros fuera de Estados Unidos al promulgar la FSIA”, remarca el gobierno estadounidense.
Además, aclara que la FSIA debe ser interpretada en línea con el derecho internacional consuetudinario, que impide ejercer jurisdicción de ejecución sobre bienes ubicados en otro país sin consentimiento del estado afectado.
“Una interpretación contraria resultaría en que la propiedad extranjera en su propio territorio tendría menos protección que la propiedad en Estados Unidos”, sostiene el documento.
Argumentos a favor de una suspensión
El escrito también plantea que los factores de equidad favorecen a Argentina, ya que si el país entrega las acciones de YPF y luego gana la apelación, no podría recuperarlas. Incluso señala que exigir una fianza podría exponer activos argentinos en EE.UU. a embargos.
“Una suspensión no dañará al demandante, quien experimentará un retraso. Argentina mantiene sus acciones en YPF y no puede venderlas sin autorización legislativa”, concluye el documento presentado por Washington.
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