A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó un nuevo paso hacia la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).
La normativa no solo habilita el ingreso de capitales privados en la empresa estatal, sino que también autoriza a la compañía a cortar el servicio en casos de falta de pago por parte de los usuarios.
Actualmente, el 90% del capital accionario de AySA pertenece al Ministerio de Economía y el 10% restante está en manos de empleados a través del Programa de Propiedad Participada.
Con esta medida, el Ejecutivo quedó facultado para vender total o parcialmente su participación accionaria, en un contexto que, según los considerandos del decreto, está marcado por una “profunda crisis económica” que limita las capacidades del Estado para sostener y expandir el servicio.
La medida impactará sobre los usuarios de agua potable y cloacas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. A partir de ahora, AySA podrá interrumpir el suministro ante situaciones de mora, algo que hasta el momento estaba restringido.
Además, se establece que la concesionaria deberá presentar un informe tarifario anual ante el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), detallando tanto las actividades realizadas como las proyectadas.
El DNU también instruye a la Agencia de Planificación (APLA) a elaborar un Plan Director de Mejora Estratégica, que definirá obras prioritarias, fuentes de financiamiento y entes ejecutores para ampliar y mejorar el servicio.
Asimismo, se contempla un régimen de transición de hasta cinco años para implementar el nuevo marco regulatorio una vez concretada la privatización, con el objetivo de preservar el equilibrio económico-financiero del contrato de concesión.
La norma fue girada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse sobre su validez en un plazo de diez días hábiles. Se espera que el tema despierte un fuerte debate parlamentario, especialmente en torno al impacto social de los cortes de servicio y el ingreso de capital privado en una empresa clave para el acceso a servicios esenciales.
Con información de Infobae.
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