El Gobierno argentino presentó este martes ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York sus argumentos para que se suspenda de forma definitiva la entrega del 51% de las acciones de YPF que el Estado posee.
El pedido se enmarca en el extenso juicio por la expropiación de la petrolera en 2012, que enfrenta al país con el fondo Burford Capital, principal beneficiario del fallo de primera instancia de 2023, que estableció una indemnización de más de USD 17.500 millones.
La estrategia oficial, articulada por abogados estadounidenses bajo la coordinación de la Procuración del Tesoro, apunta a frenar de manera incondicional el “turnover” —la transferencia forzada de las acciones— hasta que otro panel de jueces del mismo tribunal se expida sobre la cuestión de fondo: si la expropiación fue indebida y, por tanto, si corresponde la millonaria compensación.
La expectativa del Gobierno es que la decisión del tribunal llegue en las próximas horas, aunque no hay plazos establecidos formalmente.
Entre los principales fundamentos presentados, Argentina sostiene que el fallo de la jueza Loretta Preska vulnera principios de derecho internacional, como el “comity” o cortesía entre naciones, y desconoce la inmunidad soberana del país.
Además, subraya que las acciones están radicadas en territorio argentino, no tienen vínculo con actividades comerciales en EE.UU. y no representan un riesgo de disolución, ya que su venta está sujeta a aprobación del Congreso.
El Gobierno también se ampara en el respaldo del Ejecutivo estadounidense, que presentó un “amicus curiae” apoyando la posición argentina. La administración de Joe Biden —en una postura distinta a la de Donald Trump, criticada por Burford— advirtió que forzar la entrega de acciones podría sentar un precedente perjudicial para EE.UU. y afectar las relaciones bilaterales.
Tres escenarios se abren para Argentina: que la Corte de Apelaciones suspenda la medida sin condiciones, que lo haga pero exija garantías, o que rechace el pedido y habilite la entrega de las acciones. En este último caso, el Gobierno ya adelantó que llevará el reclamo a la Corte Suprema de Estados Unidos.
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