El Gobierno nacional oficializó este lunes un cambio estructural en las políticas sociales: dejará de tener un rol central en la asistencia directa a personas en situación de calle o en riesgo habitacional y transfirió esa responsabilidad a las provincias y municipios.
A partir del Decreto 373/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se modificaron aspectos centrales de la Ley 27.654, que había sido sancionada en 2021 para garantizar derechos básicos como el acceso a la vivienda. A partir de ahora, el Estado nacional ya no ejecutará programas de manera directa, sino que se limitará a establecer lineamientos generales y brindar apoyo técnico o financiero solo en casos excepcionales.
“El Poder Ejecutivo solo participará en situaciones de insuficiencia técnica, humana o financiera”, señala el decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Las provincias al frente de la asistencia
La medida se inscribe en una política más amplia impulsada por el gobierno de Javier Milei, que apunta a reducir la intervención directa del Estado, recortar el gasto público y descentralizar competencias. El impacto concreto dependerá de cómo respondan las autoridades provinciales y municipales frente a esta nueva carga de responsabilidades.
Con esta nueva normativa, serán los gobiernos provinciales y municipales quienes deberán encargarse de abrir paradores, otorgar subsidios habitacionales, brindar atención médica, alimentaria o diseñar políticas de inclusión para personas sin techo. Cada jurisdicción podrá adaptar sus estrategias según sus realidades y recursos disponibles.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, será la nueva autoridad de aplicación. Tendrá la tarea de coordinar acciones entre las provincias, establecer estándares mínimos y monitorear el uso de fondos si se otorga ayuda nacional.
Eliminan la obligación de mantener programas preexistentes
Uno de los cambios más sensibles es la derogación del inciso a) del artículo 12 de la ley, que obligaba a sostener o integrar todos los programas sociales preexistentes sin permitir su revisión o reducción. El Gobierno argumenta que esta cláusula impedía rediseñar políticas públicas y restringía la eficiencia en la asignación de recursos.
Con la nueva disposición, las provincias y municipios tendrán mayor autonomía para decidir qué programas mantener, reformular o cerrar, siempre que respeten los estándares mínimos de derechos humanos establecidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales.
Realidades locales, respuestas locales
El decreto reconoce que la situación de calle no es uniforme en todo el país. “Las realidades locales varían significativamente, no solo en razón de la distinta magnitud que el problema exhibe según las regiones geográficas, sino también por cuanto en algunas jurisdicciones la raíz del mismo resulta principalmente de la excesiva concentración urbana”, indica el texto.
Por ello, se faculta a cada jurisdicción a definir sus propios planes de acción, como la creación de centros de inclusión, asistencia con equipos sociales y de salud, o programas de orientación para quienes carecen de vivienda.
Qué puede pasar en Mendoza
En el caso de Mendoza, este decreto implicará que el gobierno provincial y los municipios asuman de forma exclusiva la ejecución de las políticas públicas para personas en situación de calle.
Esto abre un interrogante sobre la capacidad real de respuesta ante una problemática que se ha agravado en los últimos años, en particular en contextos urbanos como el Gran Mendoza.
En los fundamentos del decreto se menciona que desde 2016, Mendoza implementa la Unidad de Atención Primaria de Salud Itinerante (UAPSI), que brinda atención médica, psicológica y social a personas en situación de calle. Además, la provincia impulsa un Plan Integral de Asistencia, que incluye refugios, subsidios y un registro unificado de beneficiarios.
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