La Oficina Anticorrupción (OA) resolvió que el presidente Javier Milei no incurrió en ninguna infracción ética al difundir en sus redes sociales personales el lanzamiento del criptoactivo $LIBRA, vinculado al denominado “Viva la Libertad Project”.
La conclusión del organismo, formalizada el 5 de junio, despeja temporalmente las sospechas sobre el mandatario, cuya publicación en la red social X (ex Twitter) generó repercusiones judiciales, políticas y económicas.
El informe, firmado por Alejandro Melik, titular de la OA y dependiente del Ministerio de Justicia, establece que la conducta de Milei no vulneró la Ley de Ética de la Función Pública. El eje de la investigación administrativa fue determinar si el posteo del 14 de febrero de 2025 constituyó un acto oficial, si utilizó recursos del Estado o si supuso la promoción de intereses particulares, lo que hubiera configurado una falta grave para un funcionario de su investidura.
La OA concluyó que el mensaje publicado desde la cuenta personal @JMilei fue una expresión individual, sin conexión con actos administrativos, recursos públicos ni respaldo institucional. “No ha generado un direccionamiento oficial de políticas públicas de ninguna naturaleza”, sostuvo el informe. En ese sentido, se descartó que el mandatario haya omitido deberes de abstención o incurrido en conflictos de intereses.
La publicación de Milei —que incluyó enlaces al proyecto y a la dirección del token en la plataforma Solana— provocó un incremento inmediato en el valor del criptoactivo, seguido por una caída abrupta, lo que motivó denuncias judiciales por presunta estafa y manipulación del mercado. Entre quienes pidieron explicaciones figuraron el ex diputado Claudio Lozano y el Observatorio del Derecho a la Ciudad.
La OA también analizó la situación de otros funcionarios, entre ellos Sergio Daniel Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), señalado por posibles vínculos con actores del ecosistema cripto. Según la resolución, Morales no incurrió en faltas durante su paso por la CNV, aunque se recomendó a la Comisión evaluar la apertura de una investigación administrativa por el posible uso de información privilegiada.
La decisión de la OA se apoya en criterios doctrinarios y jurisprudencia internacional, incluida la Corte Suprema de EE.UU., sobre el uso de redes sociales por parte de funcionarios. “Las cuentas personales están amparadas por la libertad de expresión, salvo que medie ejercicio de autoridad institucional”, subraya el informe.
No obstante, el caso sigue abierto en la Justicia Federal, donde la causa principal tramita en el juzgado de María Servini, con la intervención del fiscal Eduardo Taiano. Mientras tanto, la OA aseguró que ninguna de las secretarías nacionales consultadas (Comunicación, Legal y Técnica, Innovación) tuvo participación en la difusión ni respaldó institucionalmente el proyecto.
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