Fue al revocar una resolución de primera instancia que había rechazado la medida pero que fue apelada por los defensores públicos. Para las juezas, las condiciones “afectan la dignidad e integridad de los internos, los que gozan de aval constitucional”, y consideraron que la situación “debe subsanarse”.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ordenó a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) implementar un plan urgente de refacciones edilicias y provisión de mobiliario para garantizar condiciones dignas de detención a los internos de la prisión federal de la capital chaqueña, la U7. Fue al hacer lugar a una acción de hábeas corpus colectivo impulsado por los alojados en el Pabellón Nº 10 de esa dependencia del SPF.
El fallo, al que tuvo acceso LITIGIO, fue dictado este viernes 6 de junio, y lleva las firmas de las juezas Rocío Alcalá y Patricia García. El tribunal debió intervenir luego de que el Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, rechazara la medida y que fue apelada ante la segunda instancia por el Defensor Oficial, Gonzalo Molina y el Defensor de Víctimas, Gustavo Vargas.
El caso
El caso se inició cuando un interno en representación de 39 compañeros, denunció ante el Juzgado Federal N°1 de Resistencia que el pabellón sufría graves deterioros, entre ellos, el cielo raso desprendido y pozos en pisos por falta de cemento, un solo horno para todos los internos y falta de sillas y colchones en buen estado y baños sin puertas, mochilas ni ventanas reparadas.
En una audiencia ampliada, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) reconoció las fallas pero alegó que ya se habían iniciado reparaciones y que los daños se agravaban por “mal uso de los internos”.
Sin embargo, horas después del encuentro, un episodio de violencia institucional destruyó parte del pabellón, lo que llevó a la jueza de primera instancia, Zunilda Niremperger, a rechazar el hábeas corpus por “imposibilidad de verificar las condiciones originales”.
La decisión de la Cámara
La Cámara Federal revocó esa decisión y sostuvo que las deficiencias ya estaban acreditadas: “De la audiencia celebrada surgen datos concretos de que las condiciones de habitabilidad no reunían los estándares requeridos”, sostuvieron. Al respecto, el tribunal criticó el incumplimiento de estándares internacionales y advierte que “las razones presupuestarias no pueden oponerse a derechos constitucionales”.
En ese contexto, citó las Reglas Nelson Mandela (“los lugares de alojamiento deben cumplir normas de higiene, iluminación y ventilación”) y la CIDH (“acceso a instalaciones sanitarias dignas”).
Además, criticó que el Servicio Penitenciario Federal no informara sobre el hacinamiento en un pabellón supuestamente “transitorio”, pese a una cautelar vigente que prohíbe alojar internos a más de 500 kilómetros de sus familias.
En su planteo, el Defensor Federal de Víctimas, Gustavo Vargas, señaló que “el deterioro en un contexto de encierro permanente no obedece solo al mal uso, sino al desgaste lógico de un uso constante”.
El fallo de la Cámara Federal ordenó al SPF reparar techos, paredes, sanitarios y ventanas, y proveer mobiliario adecuado. Además, dispuso que la jueza de primera instancia supervise el cumplimiento de la medida. Por último, solicitó que en cinco días se informe sobre el listado actualizado de internos con sus lugares de residencia familiar.
Fuente: Revista Litigio
