Las autoridades de La Libertad Avanza (LLA) abrirán negociaciones esta semana con los bloques dialoguistas para poder votar antes de fin de mes el proyecto de “Inocencia Fiscal”, que busca alentar el uso de los dólares no declarados y contempla reformas a la ley Penal Tributaria para flexibilizar las restricciones sobre evasión fiscal.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, comenzará las conversaciones con los bloques dialoguistas del PRO, la UCR, Innovación Federal, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, que acompañaron las principales leyes económicas impulsadas por el Gobierno.
Las negociaciones se realizarán en forma paralela al inicio formal de la discusión que comenzará esta semana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert.
Menem adelantó a Radio Rivadavia que “vamos a trabajar para sacar un dictamen en la comisión y ver cómo hacemos para conseguir el quórum y los consensos necesarios para la media sanción”. “No antes de quince días, eso seguro, porque lleva un tiempo entre la comisión y lograr los consensos para llevarlo al recinto de sesiones”, indicó.
El cronograma de trabajo se abrirá con invitados y está previsto emitir dictamen entre el 18 o 19, o en la misma semana en que se busca debatir el proyecto, en torno al 25 o 26 de junio.
De todos modos, para avanzar en el dictamen y en la sanción, LLA debe establecer acuerdos con los bloques dialoguistas y aquellos que responden a los gobernadores peronistas.
LLA tiene 39 diputados y se requieren 129 para abrir un debate en el recinto de sesiones. Se requiere un acuerdo con los bloques dialoguistas para tener un mínimo de 129 votos positivos y así aprobar el proyecto.
La Comisión de Presupuesto tiene 49 miembros, con lo cual deben haber dictámenes que sumen 25 firmas. El oficialismo debe reunir al menos 22 rúbricas para tener mayoría, ya que entre Unión por la Patria (UxP) y la izquierda contabilizan 21.
En ese organismo, LLA tiene 6 miembros; el PRO, 7; MID, 2; Liga del Interior, 1; la UCR, 3; Encuentro Federal, 2; Innovación, 2; Coalición Cívica, 2; Innovación Federal, 2; y Producción y Trabajo, 1.
El oficialismo confía en que puede asegurarse los votos del PRO, que tiene 37 legisladores; 14 de la UCR; 6 de Liga Federal; los 8 de Innovación Federal —que responden a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro—, los 3 del MID y unos 10 de Encuentro Federal.
También espera sumar, como en otras oportunidades, al menos 3 de Democracia para Siempre, que reportan a los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Chaco, Leandro Zdero; y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; los 3 de Independencia —que responden al tucumano Osvaldo Jaldo— y los de Producción y Trabajo, con terminal en la provincia de San Juan.
Además, esperan contar con el aval de los diputados que responden a los gobernadores peronistas de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y de Catamarca, Raúl Jalil.
La iniciativa aumenta el monto mínimo de dinero no declarado por encima del cual el Estado debe investigar por posible comisión de delito de evasión simple, al pasar de $1.500.000 a $100.000.000.
En tanto, para que la conducta a investigar se considere de “evasión agravada”, el piso tiene que superar los $1.000 millones; ya no serán más $15 millones.
Por otra parte, se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. ARCA no iniciará acciones penales siempre y cuando se cancelen las deudas y sus respectivos intereses, aunque este beneficio correrá una sola vez por contribuyente.
Si la denuncia no estuviera aún radicada, quedará extinguida en caso de que el contribuyente cancele esas obligaciones al pagar un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.
Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, aumentarán los montos de las sanciones económicas por presentar declaraciones juradas fuera de término.
Por otra parte, la iniciativa crea un Régimen Simplificado de Ganancias, por el cual, de acuerdo al Gobierno, los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”.
Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales y tampoco se controlarán los consumos que hagan.
Esto implica que ARCA solo les cobrará el impuesto a las Ganancias por los ingresos que hayan facturado, independientemente del eventual crecimiento patrimonial (que no será controlado), y de esa base se deducirán los consumos.
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