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A dos meses del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y del lanzamiento del régimen de flotación cambiaria con bandas, el Gobierno recalibró su estrategia para intentar engrosar las reservas sin emitir pesos ni forzar al Banco Central a intervenir.

La maniobra busca mostrar disciplina fiscal y evitar sobresaltos en el año electoral. Sin embargo, el balance sigue arrojando un signo de alerta: la acumulación de divisas avanza con lentitud y pone en tensión los objetivos de baja de inflación y recuperación de la actividad.

El plan oficial incluye la emisión de bonos del Tesoro en pesos suscribibles en dólares, la ampliación del préstamo Repo y la eventual participación del Tesoro en el mercado cambiario para adquirir divisas.

Aunque el esquema apunta a sumar reservas sin alterar el tipo de cambio, analistas advierten que el margen de éxito es limitado. “Sin dinámica de acumulación, el riesgo país no baja y no se podrá volver a los mercados voluntarios de deuda”, advirtió Ricardo Delgado, director de la consultora Analytica.

El economista también apuntó al nuevo protagonismo de los ahorristas minoristas, que ya demandan más de USD 1.000 millones mensuales del mercado oficial.

Esa presión, sumada al déficit externo estimado en USD 18.000 millones para este año, plantea un desafío mayúsculo para una economía que aún arrastra problemas estructurales de liquidez y desconfianza. “Doña Rosa ya compite por los dólares y eso sale directamente de las reservas del BCRA”, ilustró Delgado.

Desde el Ministerio de Economía se destaca la posibilidad de que el Tesoro compre divisas con superávit primario como una señal de fortaleza. “Es una forma de mostrar que no hay puja entre organismos del Estado por los dólares”, explicó el asesor financiero Federico Domínguez, quien también celebró la eliminación de los pasivos remunerados del BCRA como medida para ordenar la base monetaria.

Sin embargo, la mirada técnica no alcanza para despejar las dudas del mercado. Según la consultora Abeceb, el Banco Central no logra engrosar reservas netas, incluso con una fuerte liquidación de exportaciones.

Esto se debe a que sólo interviene si el tipo de cambio toca el piso de la banda, algo que luce improbable en el corto plazo. Con un dólar oficial rondando los $1.200, el mínimo de intervención quedó fijado en $1.000. En este contexto, el informe describe al país como una “empresa solvente, pero con problemas de liquidez de corto plazo”.

La falta de reservas también condiciona el financiamiento de la economía real. Una reducción sostenida del riesgo país permitiría renovar deuda externa y liberar crédito interno para pymes y consumidores. Pero sin señales claras de estabilización, el efecto contrario comienza a sentirse.

Delgado advirtió sobre una incipiente destrucción de empleo formal y caída en la actividad industrial, que se encuentra por debajo del promedio 2016-2023, descontando el efecto pandemia.

La reciente ampliación del Repo con bancos internacionales, por USD 2.000 millones, fue presentada como un primer paso para recuperar oxígeno financiero. No obstante, los analistas aclaran que ese dinero aún no ingresó y que el impacto real en las reservas dependerá de si los nuevos títulos logran captar divisas frescas del exterior. Si la suscripción proviene del mercado local, el efecto será neutro.

En medio de estas tensiones, el Gobierno busca mantener el equilibrio sin apelar al “dólar alto” para recomponer competitividad, aunque eso también impone un costo: una economía que empieza a perder tracción, con riesgos latentes de estanflación.

Con el FMI como actor de fondo, el paquete de medidas parece apuntar tanto a obtener un nuevo desembolso de USD 2.000 millones como a tranquilizar a un mercado que aún exige más que anuncios: resultados concretos.

Con información de Ámbito.

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El Gobierno nacional avanzará con un esquema más flexible para la importación particular de vehículos. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que se eliminará el requisito de homologación para ingresar autos desde el exterior, facilitando tanto la adquisición de unidades nuevas como, más adelante, también de usadas.

La medida, que será oficializada en los próximos días mediante una resolución, eliminará la exigencia de tramitar la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), documento que hasta ahora era indispensable para importar vehículos. “Si en Estados Unidos anda y en Europa lo mismo, vamos a presumir que acá va a funcar también”, justificó el ministro en declaraciones públicas.

A cambio, el único requisito técnico que se exigirá será la Verificación Técnica Vehicular (VTV), incluso si el modelo importado presenta características atípicas, como el volante a la derecha. “Hacés una suerte de VTV acá y se acabó la historia”, señaló Sturzenegger.

El Gobierno también evalúa ampliar el régimen a vehículos usados, aunque bajo condiciones aún en estudio. En paralelo, ya se habilitó la importación de unidades especiales para actividades clave como minería y energía, incluyendo camiones utilizados en plataformas petroleras o repuestos usados, que según el ministro podrían reducir hasta un 40% los costos operativos de esas industrias.

La medida forma parte de una ofensiva más amplia de desregulación del mercado automotor impulsada por la administración de Javier Milei. Desde enero se redujeron impuestos internos que gravaban autos de gama media-alta, se habilitó un cupo de 50.000 unidades de eléctricos e híbridos con arancel cero, y se convocó a fabricantes e importadores para repartir nuevos cupos de importación con beneficios impositivos.

En la actualidad, para importar un auto es necesario contar con CUIT o CUIL activo, clave fiscal nivel 3, una cuenta bancaria en dólares o medios para pagar al exterior, y cumplir con requisitos específicos según si el vehículo es nuevo o clásico. Con la nueva resolución, gran parte de esas exigencias quedarán simplificadas.

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El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la marcha convocada para el próximo miércoles 18 de junio en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, tras la ratificación de su condena en la causa Vialidad.

El funcionario nacional minimizó el impacto de la protesta al afirmar que el Gobierno “no está preocupado”, aunque confirmó que se están tomando medidas de seguridad específicas, como la suspensión de un viaje oficial de la ministra Patricia Bullrich.

“Ella genera este estado de ánimo. Pero ninguna manifestación popular puede torcer una decisión judicial”, dijo Francos en declaraciones radiales. En ese sentido, remarcó que el Ejecutivo “va a manejar la situación de forma adecuada” y que el oficialismo no teme a las expresiones callejeras convocadas por el kirchnerismo.

Francos también se pronunció sobre la situación judicial de la expresidenta y planteó que “deberían otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria”, al considerar que corresponde “por su edad, por haber sido jefa de Estado y por cuestiones de seguridad”.

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sentencia que quedó firme tras el fallo de la Corte Suprema.

Respecto a las expresiones de la exmandataria, quien sostuvo que el “Partido Judicial le pone cepo al voto popular”, Francos fue tajante: “Cristina Kirchner no está proscripta por decisión política, sino porque fue condenada por hechos de corrupción. En el país hay Estado de derecho”, sostuvo.

Finalmente, el jefe de Gabinete cruzó al kirchnerismo con una definición política: “Queremos competir contra el populismo y contra quien se oponga a la libertad. A las ideologías las derrotamos en las elecciones y estamos dispuestos a confrontar permanentemente”.

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